samedi 22 octobre 2011

PARO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS




¿Por qué marchan los estudiantes colombianos?
La reforma a la ley 30 interviene la educación superior  y enfrenta a los estudiantes y al gobierno. ¿Cuáles son los verdaderos alcances de este proyecto educativo?

Durante el año en curso la ministra de educación anuncio reformar la ley 30, soporte de la Educación Superior. La intervención causo malestar entre estudiantes y cuerpo docente de las universidades, concretamente de las públicas, en tanto aluden a la mercantilización de la educación. Desde entonces un tira y jale han protagonizado el Estado y la educación superior.

Diferentes foros y medios de discusión fueron abiertos al público y allí la ministra y el gobierno expusieron el proyecto educativo, sin embargo, esos espacios de discusión fueron insuficientes y de poco impacto, pues no consiguieron convocar una muestra significativa de la población académica.

La reforma  

A primera vista, la ley 30 que históricamente no se ha considerado un proyecto político positivo para la educación, parece tener cambios eminentemente formales y terminológicos, 21 artículos más, un nuevo orden textual. Pero detrás de cada modificación hay planteamientos ambiciosos que afectan al sistema educativo colombiano, por ejemplo, la novedad de la ley fue en primera instancia que las instituciones educativas tuviesen un fin lucrativo, ya que el presupuesto que el Estado destina a la educación no alcanza para suplir sus necesidades. La idea se enfrento con  el derecho público a la educación, y el ministerio rápidamente cambio la ley.

Este acto legislativo quiere poner a la educación superior colombiana al nivel de las universidades del mundo y hacerlas competitivas globalmente, pretende ampliar la cobertura educativa y permitir que mas colombian@s ingresen a la educación superior. Graduando a los futuros estudiantes en corto tiempo, y fortaleciendo los programas técnicos y tecnológicos, pues como dice el viceministro de educación Javier Botero, no es necesario que todos los colombianos sean profesionales y menos que tengan formación de postrado. Igualmente pretende con la competencia educativa, presionar la eficacia de las instituciones educativas y estimular la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica y lograr la reducción de las matrículas.

Tarea ardua, ya que la financiación de educación superior en Colombia es la segunda más baja de Latinoamérica y en el ranking de las 10 mejores universidades de la zona no aparece ningún claustro de educación superior de Colombia. Los retos educativos son grandes, y si bien la reforma a la ley 30 proyecta en un corto plazo inyectar capital a las instituciones públicas, la propuesta deja a la deriva el futuro de dos ejes fundamentales del sistema de educación superior la autonomía universitaria y calidad educativa.

Los estudiantes y la defensa a la educación  

Desde hace siete meses los estudiantes se vienen pronunciando respecto a la reforma, argumentan sobre su naturaleza autoritaria, porque la socialización del proyecto ante la academia no solo fue tímida sino impertinente en tanto menosprecio la opinión del sector educativo, excepto en la cuestión del ánimo de lucro, pues en la ley ya no esta explicito, sino implícito.

Exigen recursos para la educación y menos inversión para la guerra, se oponen a la estratificación de la educación, es decir, a condicionar el derecho a una educación con calidad a las posibilidades económicas de la población colombiana, esto es que quienes tengan dinero entraran a universidades con un nivel alto versus los estudiantes de escasos recursos (la mayoría) que se prevé en conjunto acudirán al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, para solicitar créditos con altas tasas de interés.
                                                                                                                               
La inconformidad con la ley se ha reflejado con diferentes marchas de estudiantes de universidades públicas y privadas en las calles de las ciudades colombianas, y aunque se reclaman muchos puntos, prevalecen uno,  la autonomía universitaria, púes la ley 30 condiciona el presupuesto educativo, y pretende a corto plazo beneficiar con un capital irrisorio a algunas universidades y así afianzar a toda costa la inclusión del sector productivo cuando las crisis económica de la educación superior sea insostenible. De esta forma las universidades pierden las facultades modificar sus estatutos, programas académicos, organizar y escoger sus planta administrativa y docente, la admisión de los alumnos, el precio de las matrículas, se prevé que las universidades dependan totalmente de las decisiones del ministerio de educación. 

La U. Distrital sede macarena

El paro se mantiene desde hace una semana en varias universidades públicas. Cabe mencionar que el paro no es solo el cese de actividades académicas, implica un estudio riguroso de los alcances de la reforma a la ley 30, y un espacio propicio para que los estudiantes estructuren una propuesta alternativa para presentar al ministerio de educación y exponerla al público. Socialmente las movilizaciones y los paros universitarios han sido estigmatizados, por el gobierno y los medios de comunicación, sin embargo el derecho a la oposición esta avalado en las constituciones de todos los países democráticos.

Los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, particularmente los de la sede de la macarena, acampan en la institución, y su posición de paro indefinido es reciproca al pronunciamiento del 20 de octubre de la ministra de educación Maria Fernanda Ocampo, quien dijo que no modificara la ley. Igualmente el paro es pacifico y es acogido por los sectores educativos de las universidades públicas y apoyado por las universidades privadas, es un invitación de la comunidad académica a defender la educación con calidad, a tener ingresos respetables, pues mientras un policía le vale al Estado colombiano 18 millones de pesos un estudiante entre 2 y 3 millones y la cifra tiende a disminuir.  


La ley no garantiza ciencia, tecnología y cultura, y el desconocimiento de los derechos de los estudiantes. Trata a las universidades como si fueran iguales y no reconocer sus diferencias. Por último es grave considerar a los estudiantes como cifras, e irrespetuosa la cobertura del acto legislativo en mención, del mismo corte del plan nacional de desarrollo propuesta de gobierno de Juan Manuel Santos ofensiva para la sociedad en tanto quiere solucionar temporalmente algunos problemas económicos, aunque tenga que vender el país al mejor postor, véase al respecto en la reforma a la ley 30  las formas de financiación los artículos 142 155 y 154.   

Larga Vida al los estudiantes colombianos

Luisa Fernanda Becerra Sanabria

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